domingo, 26 de octubre de 2014

EL GENOCIDIO DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

El pasado día 20 la Fiscalía General de la Nación, basada en las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que 34 asesinatos de la Unión Patriótica, han sido declarados  como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. La declaración de estos casos como crímenes de lesa humanidad se traduce en que estos no prescriban y en que continúen su investigación.
 
En la declaración el Fiscal General  confirmó que se logró determinar que se trata de: ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos reiterados contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996.
 
Esta noticia me da pie para escribir esta entrada, ya que había leído bastante sobre el genocidio de la Unión Patriótica, entre ellos el libro publicado por el Centro de la Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se puede bajar en:



Portada de la publicación sobre la Unión Patriótica

La Unión Patriótica - UP - es un partido que surgió de una convergencia de fuerzas políticas de izquierda, a raíz del proceso de negociación mantenido a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,  FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos firmados, dando lugar a los llamados Acuerdos de La Uribe. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso gubernamental  para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
 
 
La UP desde su nacimiento tuvo un más que aceptable apoyo electoral. En las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1986, obtuvo cinco senadores y nueve diputados con candidaturas propias. En alianza con otras fuerzas consiguió ampliar su representatividad a nueve senadores y dieciocho diputados. En las elecciones municipales obtuvieron importantes alcaldías y más de trescientos concejales. Gobernaron la ciudad de Apartadó, capital de Urabá, Remedios, Segovia…
 
 
En las presidenciales de 1986, su candidato Jaime Pardo Leal, sin apenas los  recursos de los partidos tradicionales,  obtuvo casi el 5% de los votos, siendo la tercera fuerza política en Colombia. Fue asesinado un año más tarde. Su sucesor en la Presidencia de la  UP y candidato presidencial en las elecciones generales de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, también asesinado en el aeropuerto de Bogotá, a manos de un sicario, meses antes de las elecciones generales de ese año.
 
 
Entierro de Jaime Pardo Leal, con la asistencia de más de 200.000 ciudadanos.

Desde el principio la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de persecuciones y atentados. En el primer año, ya se ejecutaron los primeros asesinatos y desapariciones forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes gubernamentales y  de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. 

 
Estaba claro que se trataba de un proceso de exterminio llevado a cabo durante dos décadas y seis gobiernos de diferentes colores políticos, de una fuerza política legal, dentro de un  Estado formalmente  democrático y en el que se supone funciona el Estado de Derecho.

Los homicidios llevados a cabo en los municipios, perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. Entre las víctimas se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización. 
 
El exterminio conjugaba diferentes formas de actuación. A los dirigentes nacionales- senadores y diputados – así como a los candidatos presidenciales, utilizaban el atentado individual, aprovechando  para ese fin operaciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes, operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del ejército y grupos paramilitares, acción directa de los escuadrones de la muerte. Para el resto se utilizaban las masacres, operaciones de terror realizadas con el fin de provocar el desplazamiento forzado de la base social. En determinados sitios fue la fuerza pública la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el mismo Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.

Cuadro de los asesinados de la UP, según sus profesiones. Del libro "UP, expedientes contra el olvido"

El libro plantea la existencia de únicamente 137 sentencias sobre los 1598 crímenes cometidos, lo que arroja una impunidad del 91 %.  Abordar el  genocidio contra la UP, es uno de los  factores más poderosos de la búsqueda de una salida política al conflicto armado en Colombia. El desafío fundamental en este proceso, consistirá en una reparación plena de la cadena de crímenes políticos cometidos contra esta fuerza política.
 

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