El pasado día 20 la Fiscalía
General de la Nación, basada en las declaraciones de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó
que 34 asesinatos de la Unión Patriótica, han sido declarados como delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra. La declaración de estos casos como
crímenes de lesa humanidad se traduce en que estos no prescriban y en que
continúen su investigación.
En la declaración el Fiscal General confirmó que se logró determinar que se trata
de: ataques cometidos por grupos
paramilitares, en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques
generalizados, sistemáticos reiterados contra la población civil, ocurridos
entre 1986 y 1996.
Esta noticia me da pie para escribir
esta entrada, ya que había leído bastante sobre el genocidio de la Unión
Patriótica, entre ellos el libro publicado por el Centro de la Memoria, Paz y
Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se puede bajar en:
Portada de la publicación sobre la Unión Patriótica |
La Unión Patriótica - UP - es un partido que surgió de una convergencia de fuerzas políticas de izquierda, a raíz del proceso de negociación mantenido a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios compromisos firmados, dando lugar a los llamados Acuerdos de La Uribe. En ellos se estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso gubernamental para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
La
UP desde su nacimiento tuvo un más que aceptable apoyo electoral. En las
elecciones legislativas del 11 de marzo de 1986, obtuvo cinco senadores y nueve
diputados con candidaturas propias. En alianza con otras fuerzas consiguió
ampliar su representatividad a nueve senadores y dieciocho diputados. En las elecciones
municipales obtuvieron importantes alcaldías y más de trescientos concejales.
Gobernaron la ciudad de Apartadó, capital de Urabá, Remedios, Segovia…
En
las presidenciales de 1986, su candidato Jaime Pardo Leal, sin apenas los recursos de los partidos tradicionales, obtuvo casi el 5% de los votos, siendo la tercera
fuerza política en Colombia. Fue asesinado un año más tarde. Su sucesor en la Presidencia
de la UP y candidato presidencial en las
elecciones generales de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, también asesinado en el aeropuerto
de Bogotá, a manos de un sicario, meses antes de las elecciones generales de
ese año.
Entierro de Jaime Pardo Leal, con la asistencia de más de 200.000 ciudadanos. |
Desde el principio la Unión Patriótica fue sometida a toda clase de persecuciones y atentados. En el primer año, ya se ejecutaron los primeros asesinatos y desapariciones forzadas. Tras las agresiones se percibía la actuación de agentes gubernamentales y de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla.
Estaba claro que se trataba de un proceso de exterminio llevado a cabo durante dos décadas y seis gobiernos de diferentes colores políticos, de una fuerza política legal, dentro de un Estado formalmente democrático y en el que se supone funciona el Estado de Derecho.
Los homicidios llevados a cabo en los municipios, perseguían no sólo erradicar la competencia electoral que representaba la militancia de izquierda, sino además saldar los conflictos sociales relacionados con los problemas laborales, de tenencia y acumulación de tierras, o de cobertura y costo de servicios públicos en el ámbito local. Entre las víctimas se han contado personas que junto a su filiación política estaban vinculadas a sindicatos, eran miembros de movimientos cívicos y organizaciones comunitarias, educadores o personas que, en su mayoría, tenían simplemente una relación de simpatía con la organización.
El exterminio
conjugaba diferentes formas de actuación. A los dirigentes nacionales-
senadores y diputados – así como a los candidatos presidenciales, utilizaban el
atentado individual, aprovechando para
ese fin operaciones encubiertas: contratación de sicarios adolescentes,
operaciones mixtas entre unidades de inteligencia del ejército y grupos
paramilitares, acción directa de los escuadrones de la muerte. Para el resto se
utilizaban las masacres, operaciones de terror realizadas con el fin de provocar el
desplazamiento forzado de la base social. En determinados sitios fue la fuerza pública
la que actuó directamente, en otros lo hicieron los grupos paramilitares o el
mismo Ejército usando prendas distintivas de los paramilitares.
Cuadro de los asesinados de la UP, según sus profesiones. Del libro "UP, expedientes contra el olvido" |
El libro plantea la existencia de únicamente 137 sentencias sobre los 1598 crímenes cometidos, lo que arroja una impunidad del 91 %. Abordar el genocidio contra la UP, es uno de los factores más poderosos de la búsqueda de una salida política al conflicto armado en Colombia. El desafío fundamental en este proceso, consistirá en una reparación plena de la cadena de crímenes políticos cometidos contra esta fuerza política.
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