Los falsos positivos son informes sobre supuestos éxitos militares
logrados en la confrontación contra la insurgencia en Colombia. Esta práctica
ha consistido en asesinar a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros
muertos en combate, para de este modo mostrar ante los superiores éxitos que posteriormente serían premiados
con licencias, permisos especiales, condecoraciones, ascensos y recompensas en
metálico.
El procedimiento consistía en
reclutar jóvenes civiles mediante ofertas engañosas de empleo, para asesinarles
posteriormente. Una vez asesinados eran vestidos con prendas militares y
colocados en un ficticio escenario de batalla, donde supuestamente habrían sido
abatidos estos supuestos guerrilleros.
Esta modalidad criminal se
empezó a conocer con la desaparición de un grupo de 19 jóvenes de Soacha –
municipio situado a unos 20 kilómetros de Bogotá- ejecutados por el ejército, en
el norte de Santander, en el 2008. Este esclarecimiento ha dado lugar al movimiento Madres de Soacha que, a imagen de las
abuelas de la plaza de Mayo de Argentina, se movilizan para conseguir
sentencias justas contra los asesinos de sus hijos.
Aunque esta práctica era
antigua, se disparó durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez- entre el 2002
y el 2010- ya que su Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, editó una
Directiva Ministerial en el 2005, en la que por cada guerrillero muerto se
remuneraba con unos 1.500 euros, al cambio. Con este incentivo económico se
dispararon los crímenes indiscriminados de civiles.
Como vemos en el cuadro
anterior en los 10 años que van del 2001 al 2010 se produjeron 562 casos de
falsos positivos, con 1.119 asesinatos.
Estos asesinatos, tal como
recoge el mapa adjunto, se repartieron
por todo el territorio nacional, lo que contradice la teoría de las manzanas podridas aisladas. En los asesinatos
participaron miles de militares distribuidos por todo el país.
Observando de nuevo el cuadro
inicial vemos que entre el 2006, año en que la directiva de remuneración por bajas se pone en marcha y
el 2008, fecha en que se descubre estas ejecuciones extrajudiciales, se
asesinaron 811 ciudadanos- el 72 % de la
década- . La directiva es de noviembre del 2005 y la denuncia de la madres de
Soacha de finales del 2008.
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