En aquél entonces el gobierno del
presidente Betancur era acusado por algunos sectores de la opinión pública y
sobre todo del ejército, de haber sido
blando con la guerrilla y de prácticamente haberles entregado el país.
Según algunos analistas el país estaba
sumido en un ambiente de desestabilización institucional con una percepción de
vacío de autoridad. En estas circunstancias el Gobierno decidió no
negociar.
Con estos antecedentes el sector más
guerrista del ejercito decidió entrar a sangre y fuego para recomponer el orden
constitucional, costase lo que costase. De ahí la enorme fuerza presente - 1000 militares frente a 44 guerrilleros – que
en el fuego cruzado dejaron víctimas por doquier.
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| Restero perteneciente a uno de los dos comandantes que dirigió la toma del Palacio(1) |
Se conoce que en algún momento del
conflicto el Presidente de la Junta Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía
logró ponerse en contacto con miembros del gobierno y con el Director General
de la Policía Nacional, solicitando cesase el fuego puesto que iban a morir
todos y no fue considerada la petición.
Tampoco dejaron mediar al personal de la Cruz Roja internacional, que teniendo el
visto bueno del Gobierno, el ejército de facto impidió esa mediación.
Al ejército le cabe la
responsabilidad de provocar el incendio del edificio que causó
múltiples muertos. Del análisis de las comunicaciones entre los miembros del
ejército, no hay lugar a dudas que el objetivo fundamental era desalojar cuanto
antes el edificio, sin reparar en vidas. Fue una especie de golpe de estado, donde el ejército
colombiano asumió la responsabilidad de
la situación, dejando al margen al Gobierno.
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| Enfrente estado del Palacio de Justicia totalmente quemado. A la derecha la catedral, a la izquierda la Alcaldía Mayor. Debajo edificio del Capitolio. Plaza Bolívar |
La recogida de los cadáveres y la
limpieza del edificio la realizó rápidamente el ejército al margen de los
organismos responsables de estas tareas
y también al margen de los protocolos establecidos para el levantamiento
de cadáveres. Pareciera que estaba claro
que se quería ocultar las causas de la muerte de cada uno de los
cadáveres.
La Comisión de la Verdad dejó claro que la
acción del Ejército fue desproporcionada y no buscó salvaguardar la vida de los
rehenes.
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| Placa recordatoria de los 11 miembros de Junta Suprema de Justicia asesinados. Palacio de Justicia |
Finalmente se sabe que 11 de los
liberados, casi todos empleados de la cafetería y un magistrado auxiliar,
fueron torturados y ejecutados sumarísimamente
por el ejército y hechos desaparecer. Hace pocos días por
investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se han encontrado los
restos de dos de ellos, en una fosa común del cementerio sur de Bogotá. En el 2010 fue condenado en
sentencia firme el coronel que dirigió la operación de la retoma a treinta años
de prisión por el delito de desaparición
forzada.
Actualmente sigue existiendo mucha
incertidumbre sobre lo que ocurrió durante la retoma y los desaparecidos. Con el
paso de los años, el Estado Colombiano está teniendo que hacer frente a las numerosas demandas de los familiares de los
desaparecidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente el
pasado año ante esta misma corte ubicada en Brasilia, el Gobierno colombiano se
vio obligado a pedir perdón a las víctimas del Palacio de Justicia. Algo es algo, aunque sea tarde.
La sociedad colombiana está
iniciando una especie de catarsis al calor de los acuerdos de paz que se negocian en la
Habana entre el gobierno y el grupo guerrillero de las Farc, que ha posibilitado
encuentros entre víctimas y victimarios. Aunque hay sectores que se oponen a
estas negociaciones, existe un clima mayoritario de, por fin, poder dejar atrás
la violencia de 60 años, que ha producido más de 6,5 millones de víctimas,
incluidos los desplazados por la
violencia.
Este proceso que será lento y
doloroso tiene que pasar por esclarecer la verdad de lo ocurrido entre los
actores de la violencia que son muchos;
paramilitares, guerrilleros, organizaciones criminales ligadas al
narcotráfico, el Estado….etc. En Colombia hay decenas de miles de desaparecidos y miles de
casos impunes.
Afortunadamente existe multitud de
organizaciones civiles de victimas de
diferentes victimarios, que están
exigiendo ese proceso catártico del que hablamos. Sin verdad no puede haber
justicia, ni reparación.
(1) La legislación colombiana dictamina que a los cinco años del entierro de un cadáver en un nicho, deben retirarse los restos y depositarlos en otro más pequeño, llamado restero.
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