El pasado día 28, invitado por el Centro Nacional de
la Memoria Histórica, asistí a la presentación de un nuevo informe titulado: Textos Corporales de la Crueldad. cuya
relatora es Helka Alejandra Quevedo. Descargar http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2015-1/textos-corporales-de-la-crueldad
El informe describe los procedimientos forenses y
judiciales sobre la exhumación de 36 cadáveres, rescatados de fosas comunes,
asesinados por los paramilitares entre los años 2001 y mediados del 2002.
En efecto, en ese año y medio el grupo paramilitar
denominado Frente Sur de los Andaquíes se
establecieron en Puerto Torres, una
pequeña población del municipio de Belén de los Andaquíes, perteneciente al
Departamento del Caquetá.En esta localidad los paramilitares no solamente
confinaron, desplazaron y desaparecieron a muchas personas, sino que además
convirtieron el colegio y la casa del cura, en aulas de una Escuela de la Muerte.
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| Acto de presentación del Informe |
El informe de 254 páginas, aparte de reconocer los
aportes a la antropología forense para narrar y descubrir lo que les sucedió a
esos 36 cadáveres rescatados, cuenta las opiniones de los expertos, familiares
de los desaparecidos y también de una parte de los victimarios, que acogidos a
la Ley de Justicia y Paz, han contado los horrores que realizaron.
La tranquilidad que se vivía en ese caserío, habitado
por 500 familias que se dedicaban a labores campesinas y ajenas al conflicto
armado, desapareció a mediados de 2001 cuando allí se instaló el frente
criminal. Los paramilitares ocuparon algunas viviendas y se apoderaron de la
escuela, la iglesia y de la casa cural,
para montar su centro de operaciones, donde cometieron múltiples crímenes
contra quienes consideraban integrantes o colaboradores de la subversión.
Un desertor paramilitar dio a conocer a las
autoridades nacionales estos hechos en
agosto de 2002, quien, con el ánimo de vincularse al Programa de Protección de
Testigos de la Fiscalía, confesó ante funcionarios del CTI de Florencia, la
capital del departamento, que sus compañeros de armas llevaban a Puerto Torres
a quienes iban “a matar con armas de
fuego, corto punzantes y contundentes; y una vez asesinados son descuartizados
y empacados en bolsas de polietileno para enterrarlos”. Además, informó que
podrían existir 100 cadáveres enterrados en diferentes puntos del poblado.
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| Portada del Informe |
El informe
establece que en aquel caserío las víctimas primero eran torturadas en un árbol
de mango; luego interrogadas en la casa cural, que los paramilitares adecuaron
como calabozo; y, finalmente, asesinadas en un sector de la institución educativa.
Las personas que llegaban agonizantes provenientes de la casa cural/calabozo
eran decapitadas y desmembradas sobre un tronco diseñado para ese fin. De este
lugar eran trasladados a las pequeñas fosas individuales cavadas en su mayoría
por nuevos miembros del grupo.
De
los 36 cadáveres objeto de estudio en el informe ofrece los siguientes datos:
33 cadáveres corresponden a hombres y 3 a mujeres. Estas últimas de entre 15
y 60 años de edad.
Los
análisis también arrojaron luces sobre los ataques que recibieron las
víctimas y la manera en la que murieron, al rastrear las huellas que dejaron
los victimarios. Estas huellas permitieron confirmar que 17 recibieron disparos por proyectil de arma de fuego (en cráneo y cara
14, en tórax dos y uno en una pierna), nueve fueron sometidas a quemaduras en
cara y dientes, 16 registraron fragmentación del cráneo y/o cara (siete de
ellas con instrumento contundente y nueve con arma de fuego posiblemente de
alta velocidad), y finaliza el informe que los cadáveres también evidenciaron la decapitación y el
desmembramiento, además de la castración de un hombre. 16 personas fueron
decapitadas, 12 fueron mutiladas tanto sus extremidades superiores como
inferiores, 17 tuvieron amputación de sus extremidades superiores y 22 de sus
extremidades inferiores.
El
estudio de las fosas arrojó que todas eran pequeñas y tenían dimensiones de 80x80x80
centímetros, lo cual refleja que el frente
paramilitar las hacía de este modo para ahorrar esfuerzos y garantizar que
mantuvieran ocultas. “Como complemento a
que las fosas sean individuales y pequeñas, y para mantenerlas ocultas, los
miembros del grupo armado tenían como práctica desmembrar los cuerpos y hacer
un corte longitudinal en el abdomen de las víctimas. Este procedimiento impide
que en el normal proceso de descomposición de un cadáver se acumulen los gases
y exploten, lo que aseguraba que, sumado a su pequeño tamaño, las fosas no
tuvieran montículos que revelaran su ubicación”.
Sobre
esta tragedia, la comunidad, las víctimas sobrevivientes y los victimarios
refieren que alrededor de mil cadáveres se encuentran enterrados de forma
clandestina en todo el departamento de Caquetá. El exjefe financiero del grupo paramilitar, relató que
en su zona de influencia hay 743 fosas, de las cuales ha aportado información a
las autoridades. Hasta octubre de 2014, la Fiscalía había exhumado 203
cadáveres en Caquetá.
En el
acto intervino una madre cuya hija fue una de las desaparecidas. A pesar de que
vivía muy lejos de Puerto Triunfo, cuando tuvo noticias de que a su hija se la
habían llevado los paramilitares, viajó al caserío a enfrentarlos, poniendo en riesgo su vida. Los comandantes paramilitares
negaban todo y la trataban de loca. Desesperada les dijo: que había traído unas bolsas y que
la devolviesen a su hija como estuviese, que se la llevaba. Esta madre ya sabía que a las victimas las troceaban y
quería recuperarla aunque fuese en pedazos. Los restos ya han sido
localizados, identificados y entregados a esa madre.
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| La madre citada, durante su intervención |
Si
esta madre sabía dónde operaban los paramilitares ¿qué sabían las autoridades,
los militares, la policía, los medios de comunicación, la iglesia…? Creo que todos
los colombianos, aparte de los acuerdos de paz con los insurgentes, necesitan un
proceso catártico colectivo por haber mirado hacia otro lado, mientras se cometían semejantes
atrocidades, como quien dice, hace
cuatro días.
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