INFORME: DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN PARAMILITAR/Panorama posacuerdos con las AUC

El pasado día 5 fue presentado a través de dos mesas redondas el informe Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC., del Centro Nacional de la Memoria Histórica Nacional, al cual fui invitado.

 

El informe, un tocho de 654 páginas, se refiere al proceso DDR- desmovilización, desarme y reintegración- de las distintas experiencias registradas en Colombia con distintos grupos guerrilleros y sobre todo con las agrupaciones paramilitares.

 

Portada de la publicación

A Colombia se la reconocen a nivel internacional esfuerzos gubernamentales en procesos DDR, incluido la experiencia paramilitar de la última década, con resultados dudosos al registrar altos niveles de reincidencia delincuencial y rearmes de sus miembros.

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- vulgarmente conocidos como paramilitares, se desmovilizaron en el 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y más de 30.000 personas vinculadas a ese grupo paramilitar supuestamente se integraron en los procesos de desmovilización, desarme y reintegración. Estos grupos  son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.

 

Esta cifra de desmovilizados la pone en duda el informe ya que se cree que se duplicó el número de sus supuestos integrantes, mientras algunas estructuras y núcleos de las estructuras desmovilizadas permanecían en armas y en desarrollo de las mismas actividades.

 

Asimismo, el informe subraya que entre 2008 y 2010 se sucedieron cruentas disputas en distintas regiones del país entre las diferentes bandas nacidas tras el fin de las AUC, por lo que abonan la teoría de una desmovilización parcial del paramilitarismo.

 

Entre ellas destacan el Clan Úsuga liderado por el ex paramilitar Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", considerada actualmente como la mayor banda criminal de Colombia y contra la que Gobierno colombiano viene combatiendo.

 

La presencia de estas bandas criminales  es notable en más de 200 municipios de los 1.123 del país y, pese a la persecución del Estado, consolidan y mantienen una red de alianzas con impactos regionales, nacionales  e internacionales.

 

Entre aquellos que se presentaron a los programas de DDR, los márgenes de reincidencia delincuencial resultaron importantes, así como el de grupos disidentes del acuerdo alcanzado en las negociaciones con el Gobierno.

 

Una de las mesa redonda

 

 

En este sentido, el estudio destaca que se sucedieron numerosos hechos de violencia contra los desmovilizados y sus familias en represalia por revelaciones hechas o que podrían hacer. En este sentido se habrían producido unos 800 homicidios contra desmovilizados de las AUC ante la posibilidad de que desvelaran datos referentes a otros ex paramilitares.

 

Como parte del acuerdo, los ex paramilitares se acogieron a una Ley de Justicia y Paz que contempla penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes. Algunos de los líderes de las extintas AUC  han perdido los beneficios de la ley,  por no haber colaborado en el esclarecimiento de  diferentes procesos criminales.

 

Los redactores del estudio  concluyen que las experiencias con las AUC están en perspectiva de los nuevos pactos de paz con las guerrillas insurgentes. El Gobierno dialoga con las FARC desde hace tres años para encontrar una salida negociada al conflicto armado que azota Colombia desde hace más de medio siglo, mientras que mantiene unos diálogos exploratorios con el Ejército de Liberación Nacional-ELN- con el fin de iniciar un proceso similar.

 

En sus recomendaciones, los autores instan a las instituciones gubernamentales que adquieran compromisos efectivos y coherentes con las políticas de construcción de la paz. Además, reclaman  que se hagan programas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos y programas de reintegración de personas desmovilizadas de grupos armados ilegales.

 

También se solicita a los organismos estatales para que se realice un estudio que permita esclarecer las características, relaciones, actuaciones, financiaciones, contextos e impactos regional y nacional, así como las recomendaciones de tratamiento sobre las agrupaciones pos desmovilización de las AUC, en aras de su desarticulación.