El pasado viernes, el Tribunal
Superior de Justicia y Paz de Bogotá dio lectura de la sentencia de más de 800
páginas, contra el bloque paramilitar denominado Catatumbo, dirigido por Salvatore Mancuso, unos de las jerarquías
más importantes de los paramilitares en Colombia. Este bloque operaba en el
departamento del Norte de Santander.
Este tribunal condenó a este angelito y a algunos
lugartenientes más, también juzgados, a
penas de 8 años de prisión, que es la pena mayor que estipula la Ley de
Justicia y Paz , que fue la ley aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe,
para facilitar la desmovilización de estos asesinos. Los cargos son concierto
para delinquir, desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura y
tráfico de estupefacientes, entre otros. Estas penas se aplican a los que
colaboran con la justicia – los que cantan - y restituyen económicamente los
daños causados.
El interés de escribir esta entrada
tiene que ver con los motivos que
recoge la sentencia, donde de una manera clara una parte del ejercito, de la
policía, los Servicios de Seguridad del Estado – DAS – una parte de la Fiscalía
General de la Nación, empresarios y ganaderos, colaboraban con esta organización
criminal. O, lo que es lo mismo, como una parte del Estado Colombiano era una
cloaca fétida y maloliente.
Estado de las sentencias al paramilitarismo a la fecha del documento. Boletín del tribunal de Justicia y Paz de Bogotá |
Algunas de las manifestaciones de
Mancuso recogidas en sentencia fueron:
- El proceso de traslado de más de
200 paramilitares desde el Urabá antioqueño
hasta Norte de Santander no tuvieron mayor problema: Pasamos por los Departamentos de
Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar con todas las unidades sin tener
inconvenientes con la Fuerza Pública.
- Entre el 23 y el 29 de mayo de 1999
incursionaron en el corregimiento La Gabarra, en Tibú, donde perpetraron varias
masacres y asesinatos selectivos que originaron el desplazamiento de 2.500
personas. En esa masacre los paramilitares montaron un retén en la carretera
que conecta el casco urbano de Tibú con La Gabarra, donde retuvieron cerca de
60 vehículos y lista en mano asesinaron a varias personas.
- La sentencia aseguró que el número de masacres y asesinatos
selectivos en la región se incrementó de manera exponencial por la
implementación de la instrucción militar que habían recibido algunos paramilitares.
Instrucción militar que según Mancuso fueron
dadas por militares activos y miembros del entonces Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), entre ellos su director, José Miguel Narváez.
- En la sentencia también se dejó
claro que la consolidación del bloque del Catatumbo no hubiese sido posible sin
la colaboración de las Fuerzas Militares y el Estado, afirmación que se
sustentó en declaraciones de exmilitares y exparamilitares, destacándose la de
Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’: No
creo que exista alguna región en la que los paramilitares hayan surgido sin
ayuda de las Fuerzas Militares y empresarios.
- Parte de los soportes para
garantizar impunidad estuvieron representados en sectores de la Fiscalía,
destacándose la figura de la directora seccional del Ente investigador en
Cúcuta, Ana María Flórez, quien fue cercana a los paramilitares en ese
departamento y favoreció con información al Bloque Catatumbo. Por esta razón
fue cuestionado el entonces Fiscal General de la Nación, quien pese a las
denuncias sostuvo en el cargo a la funcionaria, quien en la actualidad está
prófuga de la justicia.
- Entre 1999 y 2004, de los extensos
sembrados de coca de la zona, consiguieron colocar en el mercado 119.600 kilos de
pasta base de coca, que les servía para financiarse y comprar armamento.
- Entre los más 900 asesinatos los perpetrados por este bloque,
se encuentran el de dos fiscales especializados, un concejal de Gramalote, una
candidata al Concejo de Zulia, dos investigadores del CTI, organismo
dependiente de la Fiscalía General , el
Rector de la Universidad Libre de Cúcuta y la registradora municipal de Las
Palmas de Salazar.
- Mancuso testifica que fui adoctrinado por el ejército y la policía,
tuve carnet del B2, entraba a la brigada – el cuartel- sin que me requisaran,
entraba como lo hacían los comandantes.
- El apoyo de los funcionarios de la Fiscalía, de los miembros del DAS, de
la policía, del Ejército y de los políticos,
con el bloque Catatumbo, le permitió al Tribunal de Justicia y Paz, concluir
que el paramilitarismo en el Norte de Santander, que dejó más de 900 víctimas, según
la sentencia, se constituyó en una
política de Estado.
Imagen de Salvatore Mancuso |
Por último, la sentencia ordena:
1º Investigar a todos los directores
del DAS, desde el año 1999 al 2009.
2º Investigar al Fiscal General de
la Nación, Luis Camilo Osorio.
3º Que el Comando Conjunto de la
Fuerzas Militares, entregue un informe acerca de las hojas de vida de quienes hubieran
sido colaboradores de los paramilitares en la época de los hechos.
4º Investigar por parte de la Fiscalía la
participación de gremios económicos, empresas prestadoras de servicios
públicos y demás personas en la expansión y consolidación del bloque Catatumbo.
5º Investigar a la Dirección General
de Estupefacientes, en la administración de los bienes entregados por los condenados.
Se fija un plazo de 6 meses para adelantar
estas investigaciones.
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